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La interpretación y traducción judicial y policial en España

La Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes ha puesto de manifiesto la deplorable situación profesional que caracteriza a los profesionales que ejercen en el ámbito de la traducción e interpretación jurídica y judicial. 

11 may 2012 en Artículos para profesionales de la traducción - Lectura: min.

traducción
ASETRAD ha puesto de manifiesto la situación de los profesionales que trabajan en el ámbito de la traducción e interpretación jurídica y judicial

En el año 2003 se fundó ASETRAD (Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes) cuyo principal objetivo es el fomento y la profesionalización de las actividades de traducción, interpretación y corrección de todos los subsectores de especialización, pero son los profesionales que ejercen en el ámbito de la traducción e interpretación jurídica y judicial los que representan un porcentaje mayor en el conjunto de socios. 

A raíz de la V Jornada sobre Comunicación Intercultural, Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos, se ha puesto de manifiesto la deplorable situación de este gremio, y se ha llegado a una serie de conclusiones respecto del sistema vigente, como de propuestas para mejorar la situación.

Entre las principales conclusiones derivadas de la situación destacan:

  • Inexistencia de una normativa específica que regule la prestación de servicios. Existe la esperanza que en los procesos penales la adopción de una Directiva comunitaria de traducción e interpretación, en el ordenamiento de los Estados miembros, abra la posibilidad a la prestación de los servicios y puedan contar con una regulación que permita garantizar la profesionalidad y la calidad del servicio.
  • Situación asimétrica en los servicios centrales u autonómicos. A este problema se añade la complejidad que implica la coexistencia de lenguas cooficiales en algunas Comunidades Autónomas.
  • Coexistencia de diferentes modelos de contratación. Coexisten dos modelos mayoritarios de contratación. Uno basado en la contratación directa de traductores-intérpretes en distintos regímenes laborales y con distinta categoría en cada ámbito territorial. El segundo modelo consiste en la adjudicación de los servicios a empresas siguiendo criterios económicos, en los que no se establece ningún mecanismo de supervisión y control de quienes lo prestan.
  • Confusión entre las distintas categorías profesionales. Son muy pocos los profesionales que reúnen los requisitos para ejercer de manera indistinta tanto como traductor o como intérprete. Las técnicas y herramientas modernas de la traducción poco tienen que ver con las técnicas y destrezas que requiere la actividad de interpretación.
  • Condiciones laborales. A excepción la Oficina de Interpretación de Lenguas del MAEC y el Banco de España, la remuneración y las contraprestaciones que se contemplan  en los diversos contratos laborales para están muy por debajo de lo que sería necesario para atraer a profesionales de calidad contrastada.
  • Tipo de servicio: ¿público o privado? La Administración pública es responsable y a ella compete la prestación de unos servicios de calidad en todos los órdenes jurisdiccionales.

A continuación se exponen una serie de propuestas y soluciones que la ASETRAD defiende y que considera que abogan por un replanteamiento general del servicio.

  •  Implantación gradual de un sistema, que tome como referencia a otros países desarrollados, en los que se ha implantado un sistema que garantiza el control y calidad del servicio.
  • Colaboración con Universidades (facultades de Traducción e Interpretación y de Derecho) Ministerios de Justicia y de Interior.
  • Elaboración de la normativa legal específica para regular el servicio.
  • Elaboración de un plan específico de estudios universitarios, de postgrado en materia de traducción e interpretación judicial.
  • Creación de un Cuerpo Superior de Traductores e Intérpretes Judiciales
  • Creación de la figura del Traductor o Intérprete Judicial y de redes autonómicas y locales de  Traductores e Intérpretes Judiciales (lenguas mayoritarias)
  • Creación de redes autonómicas y locales de traductores e intérpretes profesionales autónomos (lenguas minoritarias)
  • Supresión de los contratos de externalización del servicio a empresas intermediarias mediante procedimientos de licitación
  • Creación de bases de datos de traductores e intérpretes profesionales con experiencia dispuestos a prestar el servicio en cada partido judicial.

De considerarse todas las propuestas de ASETRAD ellos serían los primeros en colaborar con la Administración, Universidades u otras asociaciones especializadas en la materia.  

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